Cuba: Cooperativismo en la Agricultura

El concepto de economía social es algo que aún no esta perfectamente delimitado; en algunos casos se le considera Economía Solidaria, Tercer Sector, Sector no lucrativo, Sector Emergente…
Este hecho no es ni bueno ni malo, simplemente evidencia que no hay consenso y que a la vez se produce una gran variedad de posiciones teóricas al respecto, lo que muestra la gran efervescencia académica en concepciones alternativas a la definición de la economía convencional.
Lo que parece estar claro para estos teóricos, es que la definición y teorización de la economía ortodoxa camina hacia la neutralidad. La teoría económica liberal se basa, de forma casi dogmática, en que los individuos dejándose llevar por el interés individual contribuirán al beneficio para la sociedad.
Aunque los postulados de la economía social se plantean como una alternativa digna para los que quieran organizarse económicamente de forma democrática dentro del contexto capitalista, aluden a la necesidad de que el calificativo social se deba integrar a la economía en general.
No obstante, a pesar del auge teórico, José Luís Monzón, en la lección inaugural del curso de Gerente de Zaragoza (octubre de 2000) apunta que: «si no somos capaces de delimitar conceptualmente lo que son las entidades del Tercer Sector o de la Economía Social, no seremos capaces de contarlas, no seremos capaces de analizar su impacto en las políticas de empleo, no seremos capaces de evaluar su eficacia en la creación de empleo.»
En el año 1999 el Comité Consultivo de la Comisión Europea de las Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CMAF), alude a las siguientes características para definir a las entidades que conforman la economía social, diferenciándolas de las del resto de los sectores:
«- Primacía del hombre y del objeto social sobre el capital; a excepción de las fundaciones, todas son empresas de personas.
-Adhesión voluntaria y abierta, y control democrático por sus miembros desde la base.
-Conjunción de los miembros, usuarios y/o del interés general.
-Defensa y aplicación del principio de solidaridad y de responsabilidad.
-Autonomía de gestión e independencia de los poderes públicos.»